[COLUMNA DE OPINIÓN] SOBRE LA «SEGURIDAD» Y SUS ALREDEDORES

POR FERNANDO GARCIA: El tema de la “seguridad”, referida a los problemas relacionados con el delito y la violencia, (también la gente siente “inseguridad” en materia de pensiones, salud, vivienda, etc.) ha vuelto a tomarse la pauta noticiosa en nuestro país.

Abandonado parcialmente por las referencias a los Juegos Panamericanos, hoy las portadas de los diarios, los noticieros de las radios y por sobre todo los matinales de la TV, han vuelto a poner este tema en el primer lugar. Hay algunos elementos objetivos para ello, como los secuestros que hemos conocido en las últimas semanas, o el ataque a una carabinera con armas de guerra, como las granadas; pero sobre todo, hay una motivación política tras él, que busca identificar al gobierno del Presidente Boric como responsable de la actual situación, y a la vez llevar agua al molino del “Apruebo”, al momento de plebiscitarse la constitución de la ultraderecha, que pretenden precisamente presentarla como la “Constitución de la Seguridad”. La situación por parte de la derecha es tan grotesca en este sentido, que no temen en tratar de chantajear al gobierno con la amenaza de una acusación constitucional contra la Ministra del Interior, si en dos meses no expulsa a 12 mil migrantes irregulares, cuestión que saben, físicamente imposible.

Indudablemente el tema es serio, relevante para la inmensa mayoría de los chilenos, pero el mirar los árboles no nos puede hacer olvidar el bosque.

Lo primero es recordar que al momento de asumir el gobierno de Gabriel Boric la situación de la seguridad era claramente caótica.

Las frases rimbombantes como “Delincuentes se les acabó la fiesta”, campaña del 2014, o “Plan de Seguridad Frontal contra la Delincuencia y el Narcotráfico”, campaña del 2018, de los gobiernos de Piñera, fueron sólo eso, palabras rimbombantes que se las llevó el viento. (Algo así como el “mejor censo de la historia”). De todas las promesas formuladas en campaña, o no se concretaron o no se tradujeron en resultados positivos. Ejemplo de ello son el “Plan de Seguridad Pública” prometido, la creación de una “Fuerza de Tareas del Narcotráfico”, o la “Defensoría de las Víctimas”. Y más aún, la situación se hizo aún peor, entre otros hechos, como con el viaje Cúcuta, donde no sólo hizo el ridículo frente al mundo buscando la caída del presidente venezolano, sino que alentó la migración irregular, especialmente de venezolanos y colombianos, que hoy nos pasa la cuenta.

No es extraño entonces que dejara como herencia la situación más compleja que ha vivido nuestro país en materia de seguridad, salvado por cierto el período de la dictadura, donde los homicidios, las torturas y los secuestros los cometían los agentes del Estado con la total y absoluta impunidad del gobierno y la complicidad de la Corte Suprema. Sólo por recordar algunas cosas, al comienzo del actual gobierno cuatro problemas se heredaban en un altísimo nivel. Por un lado, los robos de madera, tráfico de drogas y por sobre todo incendios y violencia en la llamada macrozona sur, que eran noticia diaria, y que Piñera había querido solucionar con el “Grupo Multidisciplinario de Operaciones Especiales” de Carabineros, que vestidos cual furibundas tortugas ninjas dispuestas al ataque, sólo empeoraron la situación. Por otro, una migración descontrolada en el norte, que se traducía en carpas en las calles, miles de migrantes caminando por las carreteras, y un pueblo, Colchane, que ya no sabía cómo enfrentar la situación. A lo anterior debemos agregar la continuación de la violencia callejera surgida tras el estallido social, que hacía peligroso el uso de ciertas estaciones del metro, particularmente los viernes, e incluso el tránsito en los alrededores de Plaza Dignidad. Por último, una tasa de homicidios que venía en aumento desde el año 2016 (con una disminución el 2020, por la pandemia). Y todo ello, sin hablar de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, que significaron la muerte, la ceguera o las lesiones oculares de cientos de personas.

Pero no sólo esto, debemos recordar que las condiciones del Estado para enfrentar esa situación eran también desastrosas. Basta acordarse que el 55% de los vehículos de Carabineros tenían su vida útil vencida, o que hacía 22 años que no se renovaban sus equipos portátiles, que el Servicio Nacional de Aduanas, cuya labor es indispensable para controlar el ingreso de drogas y de armas, carecía de los camiones necesarios para escanear lo que traían los contenedores, que los puestos fronterizos en el norte carecían no sólo de la más elemental tecnología para enfrentar el ingreso ilegal, sino los requisitos básicos para un trabajo en condiciones dignas.

Hoy claramente no hemos solucionado los problemas de seguridad. Pero ha sido este gobierno el que disminuyó los atentados en el sur, hasta hacer casi inexistente el tema de la seguridad en la macrozona sur. También ha sido el gobierno de Boric el que terminó con la violencia en torno a la Plaza Dignidad, y el que ha disminuido considerablemente las migraciones irregulares en el norte. En materia de homicidios, la curva por primera vez, en 8 años, (salvo el periodo de la pandemia como ya lo señalamos) empieza a disminuir.

Debemos estar tranquilos y felices. Claramente no. La inseguridad generada por delitos violentos y la presencia considerable del crimen organizado sigue siendo un problema grave y un tema de primera prioridad. Lo relevante es que por primera vez estamos caminando hacia un enfrentamiento global, serio, orgánico y eficaz. Por primera vez estamos superando las medidas aisladas, a menudo efectistas más que efectivas, (la más efectista y menos efectiva suele ser el aumento desmedido de las penas), y generando políticas públicas que implican coordinaciones, financiamientos, reforzamientos institucionales, mecanismos de control, previsión de resultados, y por sobre todo, abordaje del problema en todas sus dimensiones.

Existen ya múltiples medidas adoptadas, y otras encaminadas a ir cada vez con mayor rigurosidad enfrentando el problema. Entre ellas podemos recordar:

La Política Nacional contra el Crimen Organizado, primera política de esta naturaleza en el país, hoja de ruta que coordina a más de 15 instituciones, entre ellas Carabineros, PDI, Gendarmería, Aduanas, SII, ANI, Ministerio Público, Unidad de Análisis Financiero, etc., que fija metas, y se inicia con un financiamiento de más de 39 mil millones.

Plan Calles sin Violencia, cuyo impacto ha sido significativo en la disminución de los homicidios.

Un papel relevante lo puede llegar a tener el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), fuerza de tarea recientemente puesta en actividad, integrada por más de 240 profesionales, entre fiscales, policías, analistas, psicólogos y expertos en diversas áreas, cuyo objetivo central es el que señala su nombre, que se enmarca en el Plan Calles sin violencia, y que incluye la creación de un nuevo sistema de inteligencia criminal, entre otras medidas.

Incluso en un área de límites tan difusos como puede ser la narcocultura, entendida como una forma de vida y de socialización, que asume creencias, valores y pautas de conducta propios del narcotráfico, incorporando elementos que dan sentido a la vida y pertenencia a un determinado grupo, cuya importancia no siempre se vislumbra con claridad, se está también golpeando en dos de sus componentes más importantes, los narcofunerales y los narcomausoleos. Impidiéndose los primeros, destruyéndose los segundos.

Y todo esto, reforzado con nuevos equipamientos para las instituciones, entre los cuales se cuentan, nuevos camiones escáner para aduanas, visores nocturnos para el Departamento de Policía Marítima de la Armada, cascos balísticos, chalecos antibalas y anticortes, nuevos vehículos, escudos antidisturbios, para Gendarmería, etc.

Debemos recordar       aquí que precisamente el nuevo presupuesto nacional, en este momento en discusión, tiene sus ejes principales en reactivación económica y generación de empleos, gasto social para pensiones, salud, educación y niñez, y seguridad ciudadana, proyectando más policías, recuperación del espacio público y combate al narcotráfico y al crimen organizado, considerando entre otras medidas, la adquisición de más de 1000 nuevos vehículos policiales, implementación de un sistema automatizado de identificación biométrica, equipamiento tecnológico anticorrupción y contra bandas criminales al interior de las cárceles, etc.

¿Qué es lo que viene?

En nuestra opinión, si bien el camino adoptado es el correcto, tenemos que asumir que la lucha contra el delito y especialmente contra el crimen organizado deberá ser un objetivo permanente del Estado, y que para lograr una situación de relativa seguridad falta todavía mucho por recorrer. En ese sentido, se hace imprescindible al menos:

  1. Mejorar la inteligencia, identificando las diferentes organizaciones que operan en el país, la naturaleza de ellas, los vínculos con las surgidas en el extranjero, las relaciones entre las que operan en Chile, así como sus principales líderes,
  2. Establecer y cerrar las rutas del ingreso de armas, considerando especialmente que es el poder de fuego lo que hace a las organizaciones más peligrosas,
  3. Perseguir e incautar el dinero, toda vez que ello constituye uno de los golpes más efectivos a organizaciones y hasta aquí las cifras logradas son claramente insuficientes.
  4. Controlar mejor la migración, fortaleciendo los mecanismos administrativos de expulsión.

 

Santiago 22 de noviembre de 2023

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